SANTO DOMINGO.- Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) se pronunció nuevamente para reclamar la educación como un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución de la República, la Ley 36-03 y la Ley de Educación 66-97, lo que junto al compromiso contraído por los maestros y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en el Pacto Nacional por la Reforma Educativa están siendo violados sistemáticamente con el paro de docencia en el sur del país.
A través de un comunicado de prensa, el presidente de la entidad empresarial, José Mármol, recuerda que el próximo día 1 de abril se celebrarán tres 3 años de la firma del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, que contempla más de 140 compromisos suscritos por más de 200 organizaciones sociales, civiles, políticas, confesionales, públicas y organismos internacionales, de los cuales el respeto al cumplimiento del horario y calendario escolar es el único asumido como compromiso irrenunciable por todos los firmantes del pacto (Compromiso 4.2.1).
El presidente de EDUCA subrayó que dicho Pacto también establece el compromiso reiterativo de la Asociación Dominicana de Profesores de cumplir con el horario y calendario escolar, promoviendo entre sus miembros la asistencia diaria y puntual a la docencia.
“EDUCA siempre ha estado y estará del lado de los educadores auténticamente comprometidos con su misión social los cuales son la mayoría del plantel docente en el país. En este sentido, hemos promovido desde 2010 más recursos para la educación y celebramos con júbilo y como una conquista de todos los dominicanos, cuando en 2013 el presidente Danilo Medina anunció la entrega del 4% del Producto Interno Bruto a la educación”, dijo Mármol.
Al tiempo de significar “y también se inició a partir de entonces un incremento significativo del salario docente, cuyo incremento en el periodo 2012-2016 superó el 66%”.
Señaló que EDUCA reconoce la madurez institucional de los sindicatos y el desafío que la sociedad hoy les demanda. “Como entidad del sector empresarial que promueve la educación de calidad no nos oponemos al derecho a la huelga y al legítimo derecho de los trabajadores del sector educativo de trabajar por una mejoría constante de sus condiciones laborales, pero si lo deploramos cuando ese derecho afecta el derecho supremo de todo niño, niña y adolescente a recibir una educación de calidad”.
“Ahora bien” afirmó el presidente de EDUCA, “reconocemos la relevancia de la valiente posición del magistrado que mediante una sentencia histórica obliga al sindicato mayoritario de profesores en la provincia de Barahona, a resarcir con el pago de RD$50,000.00 por cada día de paro de docencia en favor de la asociación de padres, madres y amigos de la escuela vinculados al municipio Santa Cruz”.
Recordó que el magistrado también emplazó a la Asociación de Profesores a levantar el paro de inmediato en las escuelas públicas y encomendó a dicho sindicato a abstenerse de suspender la docencia, ya que “…esto perjudica a los niños, niñas y adolescentes de su derecho fundamental a recibir una educación de calidad”.
El presidente de EDUCA sostuvo que “el presupuesto educativo del Ministerio de Educación (MINERD), que asciende a RD$149,000 millones de pesos para el año 2017, supone una asignación directa e indirecta, por centro educativo en un año escolar regular, en torno a los RD$70,000.00 pesos diarios.
“Un esfuerzo que pagan los distintos sectores de la nación para que sus niños, niñas y adolescentes reciban una educación de calidad, y en la medida de que esta no se brinde la misma sociedad tiene el derecho a solicitar la reparación por esa inversión no cumplida”, precisó.
“La sociedad dominicana ha venido realizando un esfuerzo significativo a través del pago de sus impuestos para financiar, reconocer y dignificar la función del docente” apuntó.
Indicó que Educa también manifestó la intención de que las condiciones laborales y salariales de los docentes dominicanos experimenten un proceso de mejora continua, que debe estar asociado a los niveles de responsabilidad, compromiso con la tarea y al nivel de desempeño de los estudiantes.
“No obstante esto no debería atentar contra el derecho de los estudiantes a recibir cada día el pan de la enseñanza como el mejor recurso para mejorar su calidad de vida y contribuir al desarrollo económico y social del país”, precisó finalmente.