“En la República Dominicana no hay apatridia ni
discriminación. Lo que hay es el derecho soberano que tienen todos los Estados
a decidir quiénes son sus nacionales”.
En su decisión del 28
de agosto de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a
la República
Dominicana reformar su Constitución y sus leyes, con el
objetivo de conceder la nacionalidad dominicana a todas las personas nacidas en
su territorio, sin importar la situación migratoria de sus padres. Una decisión
semejante de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos no habría sido
posible aplicarse en España, Italia, Francia, Bélgica, Alemania, y en fin, en
ninguno de los Estados que integran la Unión Europea.
La razón se explica
porque ninguna de estas naciones otorgan en sus respectivas constituciones el
derecho a la nacionalidad por el simple hecho de haber nacido en su territorio,
esto es, por el jus solis automático. Tampoco ese derecho existe en la República Dominicana.
La Constitución
dominicana prevé que son dominicanos los nacidos en su territorio, con
excepción de los hijos de los diplomáticos extranjeros, así como de las
personas que se encuentren en tránsito.
La Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana,
en una sentencia del año 2005, estableció el criterio de que se entiende por
persona en tránsito aquella que no tiene residencia permanente en el territorio
dominicano. Al igual que España, los demás integrantes de la Unión Europea y la República Dominicana,
164 de los 194 Estados miembros de las Naciones Unidas no disponen de un
sistema de concesión de la nacionalidad por el mero hecho de haber nacido en su
territorio.
¿De dónde se deriva,
entonces, el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para
ordenar al Estado dominicano la modificación de su Ley Sustantiva y demás
normas, a los fines de conceder la nacionalidad por la vía del jus solis
automático?
Obviamente, que de un
error de interpretación. Lo que debe motivar a la Corte Interamericana,
como a cualquier sistema de protección de los Derechos Humanos, es, primero,
garantizar que ninguna persona quede en estado de apatridia; y segundo, que no
se apliquen normas o criterios de exclusión o discriminación en el otorgamiento
de la nacionalidad.
Eso, precisamente, es
lo que prevé la ley española, la de las demás naciones europeas y la
legislación de la
República Dominicana. En ninguno de estos países, la
nacionalidad se otorga por la vía del jus solis automático, y sin embargo, en
ninguno de ellos existe la apatridia.
En España, por
ejemplo, lo que dispone la ley es que serán españoles aquellos nacidos en
territorio español cuyos padres carezcan de nacionalidad, si la legislación de
éstos no otorga la nacionalidad a los hijos, o si se tratara de hijos de padres
desconocidos.
Del mismo modo, en la República Dominicana,
la ley prevé el mecanismo para la declaración de toda criatura nacida en
territorio dominicano de padres extranjeros no residentes por ante el Consulado
del país de la madre, que en ese caso hace las veces de Oficialía del Estado
Civil.
Así pues, ni en
España ni en República Dominicana, existe la posibilidad de que una persona
quede sin derecho a una nacionalidad o en estado de apatridia. Tampoco podría
hablarse de una situación de discriminación, puesto que la misma norma se
aplicaría a norteamericanos, chinos, rusos, alemanes, japoneses, brasileños,
venezolanos o haitianos.
La facultad que
tienen los Estados de determinar quienes son sus nacionales constituye un
derecho soberano y un principio básico del Derecho Internacional consagrado en la Convención de La Haya de 1930.
Estamos conscientes
que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye una evolución
significativa en el Derecho Internacional, al concederles a los individuos la
condición de sujetos no estatales de las normas internacionales, a los fines de
garantizar la protección de sus derechos fundamentales. El Sistema
Interamericano de Derechos Humanos ganó merecido prestigio en la lucha contra
las privaciones arbitrarias de libertad, las torturas y las desapariciones físicas
que se suscitaban en América Latina durante el periodo de las dictaduras.
Ha sido más difícil
para la Comisión
y la Corte
Interamericanas de Derechos Humanos ser más eficientes,
creíbles y legítimas en sus decisiones cuando se ha tratado del análisis e
interpretación de los Derechos Humanos de segunda y tercera generación. Lo
acontecido con la
República Dominicana, sin embargo, es más grave, pues se ha
incurrido en una equivocada aplicación de normas de primera generación de los
Derechos Humanos, como es el derecho a la nacionalidad.
La
Corte Interamericana de
Derechos Humanos habría tenido razón si hubiese observado en la legislación o
en la práctica de la
República Dominicana, la existencia de la apatridia o de una
aplicación discriminatoria de las normas. Pero no fue así. En la República Dominicana
no hay apatridia ni discriminación. Lo que hay es el derecho soberano que
tienen todos los Estados a decidir quiénes son sus nacionales.
Sobre este último
particular, por consiguiente, la Corte Interamericana
incurrió en un gravísimo error. Ordenó la modificación de la Constitución y de las
leyes de la
República Dominicana para otorgar la nacionalidad por la vía
del jus solis automático. Al hacerlo así, la Corte Interamericana
se extralimitó en su decisión.
Sencillamente, se
excedió; y ante un hecho de esa naturaleza, al Estado dominicano no le queda
otra alternativa que desconocer el fallo por su errónea interpretación
jurídica; por su desatinada apreciación profesional; y por el hecho de que crea
obligaciones que van más allá de las que dispone el Derecho Internacional.
